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COVID-19 destaca el costo mortal de la corrupción y la necesidad urgente de que las empresas respeten los derechos humanos: expertos de la ONU

Comunicado de prensa - GINEBRA, 9 de julio de 2020 - Expertos de la ONU advirtieron sobre el devastador costo humano de la corrupción, incluidos los abusos contra los derechos humanos si los gobiernos no protegen contra fraude y soborno a las cadenas de suministro de atención médica, que son las que aseguran medicamentos esenciales y equipos de protección personal en la lucha contra la COVID-19.

Si los medicamentos son desviados porque se paga un soborno, personas inocentes podrían no tener de tratamiento y morir, comentaron en uno de los mensajes clave del informe (solo en inglés) del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos * presentado al Consejo de Derechos Humanos.

 El Grupo de Trabajo insta a los Estados a actuar de manera rigurosa y más integrada para garantizar que las empresas eviten la corrupción en las actividades comerciales y garanticen el respeto de los derechos humanos, como se exige en los Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos.

Según los expertos, algunos ejemplos positivos habían surgido durante la pandemia. Algunos Estados han negado la asistencia financiera a las empresas ubicadas en paraísos fiscales extraterritoriales, o han exigido que las empresas que reciben apoyo actúen de acuerdo con los Principios Rectores. Otros han requerido que los fondos de rescate se utilicen para los salarios de los trabajadores y no para la recompra de acciones. Sin embargo, muchos más Estados necesitan tomar tales medidas e ir más allá para condicionar la ayuda a que las empresas respeten los derechos humanos.

"Las mascarillas son desechables, los trabajadores no lo son", dijo Anita Ramasastry, Presidenta del Grupo de Trabajo. "Arriesgan sus vidas yendo a trabajar en supermercados, fábricas, granjas, hospitales y hogares de ancianos. Los Estados solo deben apoyar a aquellas empresas que garantizan activamente su seguridad y bienestar".

El informe instó a los Estados a implementar medidas legales y políticas más fuertes. "Reformar las leyes de beneficiarios reales para que las víctimas de abusos de los derechos humanos relacionados con empresas, autoridades fiscales y fuerzas del orden, tengan información sobre el propietario final de una empresa fantasma, fortalece la transparencia, proteje contra la corrupción y ayuda a proteger los derechos humanos", dijeron los expertos.

"Sanciones selectivas, congelación de activos y denegación de visas pueden usarse contra personas que cometen abusos contra los derechos humanos y/o se involucran en actos de corrupción. Las leyes de contratación pública deben garantizar que los fondos de los contribuyentes no se entreguen a empresas que pagan sobornos y cometen fraude, y que los contratos gubernamentales se destinen a aquellos que respetan los derechos humanos".

El Grupo de Trabajo enfatizó la necesidad urgente de reparación para las víctimas. Las personas y las comunidades perjudicadas por el soborno corporativo y los abusos contra los derechos humanos a menudo no tienen ningún recurso y la corrupción judicial puede ser una barrera importante.

Los expertos pidieron a las empresas que se aseguren de dedicar mayor atención a los Principios Rectores y de integrar el respeto por los derechos humanos en la toma de decisiones corporativas, junto con los programas de cumplimiento anticorrupción. Para acelerar esta agenda, el Grupo de Trabajo alentó la introducción de una legislación de debida diligencia en derechos humanos obligatoria, como se está desarrollando en varias partes de Europa y en la propia UE.

FIN

Los expertos: El Grupo de Trabajo de la ONU sobre derechos humanos y corporaciones transnacionales y otras empresas comerciales (conocido como el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos) fue establecido por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en junio de 2011 para promover la difusión e implementación mundial de los Principios Rectores sobre empresas y derechos humanos. Está compuesto por cinco expertos independientes, de representación geográfica equilibrada. Sus miembros actuales son: Sra. Anita Ramasastry (Presidenta), Sr. Dante Pesce (Vicepresidente), Sr. Surya Deva, Sra. Elżbieta Karska y Sr. Githu Muigai.

 

 

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