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Independencia judicial y derechos humanos

La independencia judicial desde los estándares internacionales de derechos humanos fue el tema de la exposición realizada por Liliana Valiña, Representante de OACNUDH, durante el I Congreso Internacional Independencia judicial y redes criminales, organizado por la Asociación de Juezas y Jueces por la Integridad y el Organismo Judicial el pasado 20 de junio.

Desde la perspectiva de los derechos humanos, la lucha contra la impunidad persigue fortalecer el Estado de derecho con la legitimidad, estabilidad y seguridad jurídica e institucional que reclaman las y los guatemaltecos,” afirmó la señora Valiña durante su exposición, en la que también destacó el rol de la justicia como herramienta fundamental para proteger de manera efectiva los derechos humanos, corregir sus violaciones y brindar reparación a las víctimas.

La Representante de OACNUDH enfatizó que el objetivo de la aplicación del principio de independencia judicial es garantizar a todas las personas el acceso a la justicia y a una tutela judicial efectiva por medio de operadores de justicia que actúen, y que cuenten con las condiciones, para poder aplicar justicia con integridad, objetividad, transparencia, imparcialidad y no discriminación. 

 

20170711 IndepJud2 La señora Valiña hizo énfasis en que "juezas y jueces, al administrar justicia de manera independiente, se constituyen en defensoras y defensores de los derechos humanos, y en actores clave en la lucha contra la impunidad”, que coadyuvan en el fortalecimiento del Estado de derecho y la democracia del país.

Recordó además que los estándares internacionales de derechos humanos establecen las garantías mínimas que debe comprender la independencia judicial como uno de los pilares clave en un Estado de Derecho. En ese sentido, hizo notar que los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre la Independencia de la Judicatura, así como los Principios de Bangalore sobre conducta judicial, reconocen y desarrollan las garantías mínimas de la independencia judicial, entre ellas las relativas a los procedimientos de selección, nombramiento y formación; estabilidad en el ejercicio del cargo; medidas disciplinarias; libertad de expresión y asociación; las relativas a la separación de funciones administrativas de las jurisdiccionales, así como a amenazas o intromisiones, entre otras.

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