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“Preocupa la extrema vulnerabilidad de las personas en movilidad ante la pandemia por COVID-19”: ONU-Derechos Humanos

Comunicado de prensa

CIUDAD DE GUATEMALA, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE PANAMÁ, TEGUCIGALPA, 23 de abril de 2020.- Las Oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de Honduras, Guatemala, México y la Regional para América Central y República Dominicana (“las Oficinas”) expresan su preocupación por la extrema vulnerabilidad de las personas en situación de movilidad humana en la región ante la pandemia por COVID-19.

En el marco de su mandato, las Oficinas reconocen los esfuerzos de los países en la región para contener y prevenir la propagación de la pandemia y para brindar atención a las personas afectadas. Sin embargo, algunas medidas adoptadas por los Gobiernos generan impactos desproporcionados en las personas en movilidad, exacerbando los desafíos pre-existentes en el ejercicio de sus derechos humanos.

Es de especial preocupación la situación de las personas retornadas sin condiciones de voluntariedad, salubridad y dignidad. En este sentido, se ha documentado la presencia de personas migrantes centroamericanas que fueron llevadas hasta la frontera entre México y Guatemala, que permanece cerrada, y enfrentan dificultades para llegar por la vía regular a su país de origen.

Se debería considerar la posibilidad de suspender temporalmente los retornos forzados a la región durante la pandemia; establecer mecanismos para la regularización de personas y garantizar su pleno acceso a las medidas de protección y atención oportuna en salud. Sin embargo, de continuar con los retornos, éstos sólo podrían llevarse a cabo si cumplen con el principio de no devolución y con la prohibición de las expulsiones colectivas, así como con las garantías del debido proceso.
El cierre de las fronteras ha provocado que numerosas personas en movilidad, incluidas niñas y niños, adultos mayores y mujeres, hayan quedado atrapadas en lugares fronterizos. Estas personas permanecen en campamentos improvisados, en situación de calle, en comunidades o centros de acogida, en los que no siempre se han implementado los protocolos sanitarios para protegerlas según las recomendaciones de la OMS.

Panamá enfrenta un desafío particular por su posición geográfica y por el cierre de frontera con Costa Rica se ha generado que más de 2500 personas migrantes irregulares permanezcan en el país, y a pesar de esfuerzos de las autoridades aún se presentan condiciones de hacinamiento y limitado acceso a servicios de salud, información, alimentación, agua y saneamiento. En Honduras, la situación de algunas personas atrapadas en la frontera con El Salvador es preocupante, ya que en su mayoría carecen de tales servicios básicos.

Las personas en movilidad son particularmente vulnerables a actitudes y comportamientos que las estigmatizan y discriminan y éstas se ven fomentadas por las narrativas que les asocian con la propagación de la COVID-19. En Honduras, por manifestaciones de la población local en contra de la llegada de personas nacionales retornadas, un Centro de Atención al Migrante Retornado ha tenido que permanecer cerrado. Al respecto, las Oficinas resaltan la importancia de que las autoridades velen para que el discurso público y la respuesta a la pandemia no contribuyan a la estigmatización y la discriminación de las personas en movilidad.

En el contexto de la pandemia por COVID-19, es necesario garantizar a todas las personas en movilidad, independientemente de su estatus migratorio, el acceso a la salud, la alimentación, la información en un idioma de su comprensión, el derecho a solicitar asilo y a una evaluación individual de otras necesidades de protección. Así mismo, se debe garantizar acceso a servicios básicos en igualdad de condiciones, sin discriminación y con perspectiva de género y enfoque diferenciado.

Incluir a las personas migrantes en la respuesta a esta crisis es esencial para proteger no sólo los derechos de las personas migrantes, sino también la salud de la sociedad en su conjunto. Todos los países, tanto los de origen como los de destino, tienen la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de los migrantes. Es fundamental que en las respuestas contra la COVID-19 predomine la solidaridad entre la comunidad internacional y los países fronterizos a lo largo de los corredores migratorios.

Las Oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la región continuarán observando la situación de las personas en movilidad y prestando asistencia técnica a las autoridades nacionales para apoyarlas en los esfuerzos de protección y garantía de los derechos humanos.


FIN

 

Experto de la ONU detalla medidas urgentes para garantizar que los sistemas de justicia no se paralicen por el COVID-19

Comunicado de prensa - GINEBRA (22 de abril de 2020) – Las medidas de inamovilidad y cuarentena impuestas frente a la pandemia de COVID-19 plantean amenazas y desafíos especiales a los sistemas judiciales independientes, dijo hoy el Relator Especial sobre la independencia de jueces y abogados, Diego García-Sayán, al publicar hoy siete pautas clave para asegurar que jueces, funcionarios judiciales, fiscales y abogados mantengan los sistemas judiciales en funcionamiento.

“La crisis COVID-19 ya afecta gravemente el funcionamiento de los sistemas judiciales y amenaza el derecho de las sociedades a contar con una justicia operativa e independiente. En este contexto, el riesgo de conductas abusivas desde el poder político es real y abre condiciones favorables a la impunidad”, dijo.

El experto señaló que, a medida que la crisis de salud mundial erosiona la estabilidad económica y social, aumenta el riesgo de la violencia y la delincuencia y en general, la estabilidad institucional.

“Es indispensable una racionalización inmediata de los servicios esenciales que prestan los sistemas de justicia en torno a asuntos que pueden considerarse prioritarios” destacó. “Podrían ponerse en segundo plano asuntos como el enjuiciamiento de delitos menores y casos civiles o económicos, por ejemplo”.

García-Sayán también dijo que el enorme riesgo que plantea la congestión penitenciaria en la mayoría de países debe llevar a impulsar medidas alternativas a la privación de libertad, detenidos políticos y detenidos por delitos menores.

“Los jueces, magistrados, fiscales y su personal auxiliar, deben recibir una atención especial de salud en la aplicación de los test de descarte, dado que tienen que participar en las audiencias, interactuar con los abogados y estar en contacto con varias autoridades y grupos”, enfatizó el experto.

“La innovación y el trabajo en línea son esenciales, especialmente por parte de tribunales y jueces que tienen que decidir asuntos relacionados con los derechos humanos o una situación de inseguridad creciente que se prevé. Las cuarentenas y el ‘distanciamiento físico’ no deberían impedir que el sistema judicial siga las garantías del debido proceso”, dijo el Relator Especial.

FIN

El Sr. Diego García-Sayán asumió sus funciones como Relator Especial de la ONU sobre la Independencia de Magistrados y Abogados en diciembre de 2016. Anteriormente fue juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por dos períodos consecutivos. Durante su

mandato, fue elegido Vicepresidente de la Corte (2008-2009) y Presidente de la Corte por dos períodos consecutivos (2009-2013). Tiene una larga experiencia trabajando en temas de derechos humanos en una variedad de entornos, incluso para las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos.

Los Relatores Especiales son parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos Especiales, el mayor grupo de expertos independientes en el sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y monitoreo del Consejo que abordan situaciones específicas de países o cuestiones temáticas en todas partes del mundo. Los expertos de Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y sirven a título individual.

Para obtener más información y solicitudes de medios, comuníquese con Stefano Sensi a: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

Para consultas de los medios con respecto a otros expertos independientes de la ONU, comuníquese con Xabier Celaya (+ 41 22917 9445 / Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. )

Siga las noticias relacionadas con los expertos independientes de derechos humanos de la ONU en Twitter @UN_SPExperts.

 

Las medidas ante la COVID-19 deben tener en cuenta las necesidades específicas de las mujeres, dicen expertas de la ONU

Comunicado de prensa - GINEBRA (20 de abril de  2020) - Los Gobiernos deben asegurarse de que se incluya a mujeres de diversos grupos y orígenes en las decisiones que se adopten a nivel local, nacional e internacional para hacer frente a la pandemia de COVID-19, instó hoy un grupo de expertas de las Naciones Unidas a través de una declaración. 

"Las mujeres están particularmente expuestas, ya que muchas de ellas están en la primera línea de la lucha contra la COVID-19, proporcionando servicios médicos esenciales y de otro tipo, y manteniendo las comunidades en funcionamiento", dijo la experta en derechos humanos Meskerem Geset Techane, quien actualmente preside el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas.

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Declaración del Secretario General de la ONU sobre la Organización Mundial de la Salud

Como dije el 8 de abril: “La pandemia de COVID-19 es uno de los desafíos más peligrosos que este mundo ha enfrentado. Es sobre todo una crisis humanitaria con graves consecuencias socioeconómicas y en materia de salud.

La Organización Mundial de la Salud, con miles de personas que integran su equipo, está en la primera línea, apoyando a los Estados miembros y sus sociedades, especialmente a los más vulnerables, con orientación, capacitación, equipos y servicios concretos para salvar vidas mientras luchan contra el virus.

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Directrices sobre COVID-19 y derechos humanos

Compartimos una compilación de directrices para incorporar la perspectiva de derechos humanos en la respuesta a la pandemia de #COVID19.

El documento reúne recomendaciones formuladas por la Alta Comisionada y por expertas y expertos de derechos humanos de la ONU.

 

:: Puedes descargarlo aquí: https://bit.ly/3cWlyHE (versión 4, actualizadas al 27 de abril de 2020).

 

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