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Sentencia en caso Dos Erres - Declaración de portavoz de la Alta Comisionada
Ginebra, 23 de noviembre de 2018. Acogemos con beneplácito la sentencia emitida por un tribunal guatemalteco esta semana, que condena a un ex soldado a 5,130 años de prisión por su papel en la masacre de las Dos Erres, uno de los episodios más impactantes del conflicto armado interno en el país, donde más de 200 personas fueron asesinadas en el parcelamiento de las Dos Erres, en 1982.
Santos López Alonso, quien era integrante de una fuerza élite del ejército guatemalteco conocida como Kaibiles, fue declarado culpable de crímenes contra los deberes de la humanidad y asesinato en 171 de estos casos.
Los Kaibiles sospechaban que los habitantes de Dos Erres simpatizaban con la guerrilla, y luego de registrar la comunidad en busca de armas, procedieron a disparar sistemáticamente o agredir a cientos de hombres, mujeres, niñas y niños. Los Kaibiles también torturaron sistemáticamente, incluso mediante violaciones sexuales, a mujeres y niñas, y secuestraron a niños, algunos de los cuales fueron sustraídos ilegalmente.
Comités de expertos de la ONU urgen a los Estados a proteger los derechos humanos de migrantes centroamericanos
GINEBRA (26 de octubre de 2018) – Los Estados de tránsito y destino tienen la obligación de proteger los derechos humanos de las personas migrantes centroamericanas, independientemente de su estatus migratorio, así lo afirmaron dos comités de expertos de la ONU sobre derechos humanos.
El Comité de las Naciones Unidas para la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares (CMM), junto con el Comité de Derechos del Niño, expresaron su grave preocupación por las personas migrantes centroamericanas que huyen de graves violaciones de derechos humanos en sus países de origen, Honduras, El Salvador y Guatemala, que están llenos de pobreza y violencia.
Preocupante la vulnerable situación de más de tres mil migrantes que se desplazan desde Honduras hacia el norte del continente americano
Comunicado de prensa 16 de octubre de 2018. - Las Oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras, Guatemala y México, en el marco de sus mandatos, expresan su preocupación por la situación de inseguridad y la necesidad de protección de las personas que forman parte de la “Caravana de Migrantes”, integrada por más de 3.000 personas hondureñas, entre ellas personas en situación especial de vulnerabilidad, incluyendo particularmente niñas, niños, mujeres y adultos mayores, que desde el 13 de octubre de 2018 transitan por Centroamérica con la intención de llegar a México y los Estados Unidos de América, huyendo de la violencia, de la pobreza y de las dificultades para acceder a sus derechos humanos.
Guatemala: Relator Especial urge al Estado adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la independencia judicial
GINEBRA (20 de septiembre de 2018) – El Relator Especial de la ONU para la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García-Sayán, urge al Estado de Guatemala a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar plenamente que juezas, jueces, magistradas y magistrados puedan realizar sus funciones con plena independencia y garantías.
El Relator Especial expresó su seria preocupación por las diversas formas de ataques e intimidaciones en contra de las magistradas y los magistrados de la Corte de Constitucionalidad por casos que les compete conocer, y particularmente en la coyuntura actual, los derivados de las decisiones adoptadas por el Poder Ejecutivo. Se refirió, en particular, a las decisiones del Poder Ejecutivo de no permitir el reingreso al país del Comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y de no renovar el mandato de esta Comisión, tan importante en la lucha contra la impunidad y la corrupción.
Los anuncios públicos de que el Gobierno no ajustaría su actuación a lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad, por vía de acción de amparo, para que se permita y garantice el retorno del Comisionado de la CICIG afectarían las atribuciones de la justicia constitucional debilitando seriamente el Estado de Derecho. “Los ataques e intimidaciones a quienes integran la Corte de Constitucionalidad y el no acatamiento de sus decisiones debilitan la institución cuya función es la defensa del orden constitucional y el mantenimiento del Estado de Derecho”, precisó el Relator Especial.
