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95,000 personas desaparecidas y 52,000 personas fallecidas sin identificar: el Comité de la ONU urge a México a actuar de inmediato para buscar, investigar e identificar
GINEBRA (29 de noviembre de 2021) – El Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) expresó su preocupación por la gravedad de la situación de las desapariciones forzadas en México. Al 26 de noviembre de 2021, último día de la visita del CED a México, 95,000 personas estaban registradas oficialmente como desaparecidas en el país. De estas, más de 100 desapariciones presuntamente se presentaron durante la visita del Comité del 15 al 26 de noviembre. El Comité urgió a las autoridades mexicanas a localizar rápidamente a las personas desaparecidas, identificar a las personas fallecidas y tomar medidas prontas para investigar todos los casos.
Durante esta visita, la delegación del CED viajó a 13 entidades federativas de México y sostuvo más de 150 reuniones con autoridades, organizaciones de víctimas y organizaciones de la sociedad civil. La delegación, integrada por cuatro miembros del Comité, celebró una conferencia de prensa el último día de su visita. La declaración de la delegación se resume a continuación:
“Esta es nuestra primera visita a un país en virtud del artículo 33 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Los Estados deben priorizar la salud y la igualdad sobre las ganancias y el acaparamiento de vacunas, señalan Expertos de la ONU
Ómicron y otras variantes subrayan la urgencia de actuar
GINEBRA (29 de noviembre de 2021) - Varios expertos* de la ONU instaron hoy a los Estados a actuar de manera decisiva para garantizar que todas las personas tengan acceso igualitario y universal a las vacunas contra la COVID-19, en especial aquellas en países de ingresos bajos que han sido dejados de lado en la respuesta global.
“El aplazamiento de la 12ª Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC) no debe ser una razón para retardar el progreso alcanzado: al contrario, confirma la necesidad urgente de una acción colectiva para enfrentar la desigualdad en las vacunas”, dijeron los expertos. La Conferencia Ministerial, que debía comenzar el 30 de noviembre, ha sido postergada indefinidamente luego de que brote de una variante especialmente transmisible de COVID-19, ómicron, llevara a algunos Gobiernos a imponer restricciones de viaje.
“Los Estados tienen la responsabilidad colectiva de usar todos los medios disponibles para facilitar un acceso más rápido e igualitario a las vacunas”, dijeron los expertos. Esto incluye la introducción de una exención temporal de los derechos de propiedad intelectual relevantes en relación con el Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdos sobre los ADPIC) para garantizar que la protección de las patentes de vacunas no sea un obstáculo para el disfrute efectivo del derecho a la salud.
Los Estados deben investigar y enjuiciar la violencia contra los periodistas: expertos de la ONU
Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de
los Crímenes contra Periodistas
2 de noviembre
GINEBRA (2 de noviembre de 2021) – Con motivo del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, la Relatora Especial sobre la libertad de opinión y expresión, Irene Khan, la Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Morris Tidball-Binz y la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Reem Alsalem, emiten la siguiente declaración:
“La seguridad de las y los periodistas sigue siendo tan precaria como siempre, la impunidad por los delitos cometidos contra ellos es tan alta y persistente como antes.
Durante el año pasado, las y los periodistas de todo el mundo han sido amenazados, acosados, agredidos físicamente, secuestrados, detenidos arbitrariamente, desaparecidos por la fuerza, torturados y asesinados, simplemente por hacer su trabajo.
Columna de opinión: Desarrollo con enfoque de derechos humanos
*Por Mika Kanervavuori, Representante de OACNUDH
Los derechos humanos nos permiten abordar los temas estructurales que impiden el goce de una vida digna. Para hacerlo posible, los Estados necesitan implementar estrategias de desarrollo con enfoque de derechos humanos, poniendo a las personas en el centro, sin dejar a nadie atrás.
Identificar los desafíos de desarrollo implica, en primera instancia, precisar cuáles son los derechos a los que la población tiene menos acceso.
Por ejemplo, en Guatemala cerca del 70 por ciento de la población económicamente activa trabaja en el mercado informal. Una buena parte de las fuentes de agua está contaminada y no es apta para el consumo humano.
Independencia judicial: un imperativo para el Estado de derecho
Es importante redoblar esfuerzos para encontrar una ruta. Guatemala lo amerita.
*Por Mika Kanervavuori, Representante de OACNUDH
Como contribución a la discusión pública actual, quisiera reflexionar sobre la situación de la independencia judicial, en particular, sobre las garantías mínimas que abarca como pilar angular del Estado de Derecho y la democracia. Actualmente preocupa que en Guatemala esté en riesgo esta independencia por los constantes ataques contra juezas/ces, magistradas/os y fiscales por el trabajo que realizan en el marco de sus funciones.
El ex Relator Especial de ONU sobre la independencia de magistrados y abogados insistió en dichas garantías, analizando los aspectos individuales e institucionales que pueden reforzar u obstaculizar una administración de justicia independiente - aspectos que son aplicables tanto para el Poder Judicial (juezas/ces, magistradas/os) como para el Ministerio Público (fiscales).
Entre las principales garantías en estrecha relación con la carrera profesional, se pueden mencionar: i) procedimientos de elección y nombramiento; ii) estabilidad en el ejercicio del cargo; iii) medidas disciplinarias, suspensión y separación del cargo; iv) ascensos, traslados y evaluación del desempeño profesional. Estos aspectos deben de ser regulados por marcos normativos nacionales en línea con las obligaciones internacionales de derechos humanos. Para lograrlo, me parece que el país necesita más voluntad política para avanzar.
