Ginebra, 23 de noviembre de 2018. Acogemos con beneplácito la sentencia emitida por un tribunal guatemalteco esta semana, que condena a un ex soldado a 5,130 años de prisión por su papel en la masacre de las Dos Erres, uno de los episodios más impactantes del conflicto armado interno en el país, donde más de 200 personas fueron asesinadas en el parcelamiento de las Dos Erres, en 1982.
Santos López Alonso, quien era integrante de una fuerza élite del ejército guatemalteco conocida como Kaibiles, fue declarado culpable de crímenes contra los deberes de la humanidad y asesinato en 171 de estos casos.
Los Kaibiles sospechaban que los habitantes de Dos Erres simpatizaban con la guerrilla, y luego de registrar la comunidad en busca de armas, procedieron a disparar sistemáticamente o agredir a cientos de hombres, mujeres, niñas y niños. Los Kaibiles también torturaron sistemáticamente, incluso mediante violaciones sexuales, a mujeres y niñas, y secuestraron a niños, algunos de los cuales fueron sustraídos ilegalmente.
Este fallo del tribunal es otro paso importante para la justicia de transición en Guatemala. El tribunal concluyó que los crímenes contra deberes de la humanidad cometidos en el parcelamiento de las Dos Erres formaban parte de una política estatal más amplia de la junta militar gobernante.
A pesar de los valientes esfuerzos de las víctimas, abogados y organizaciones de la sociedad civil para garantizar la justicia, la verdad, la reparación y la no repetición, se han alcanzado muy pocas condenas, en particular de altos mandos, y pocas víctimas han recibido reparaciones.
Por lo tanto, es crucial que el Estado guatemalteco continúe sus esfuerzos para investigar y perseguir penalmente a quienes ordenaron y cometieron crímenes durante los 36 años del conflicto armado interno del país, y para garantizar el derecho de las víctimas a la reparación.
Instamos a las autoridades guatemaltecas a garantizar que estos juicios, que con frecuencia se han estancado debido al uso malicioso de la acción de amparo, puedan continuar sin demoras indebidas.
Esto es especialmente importante dada la edad avanzada de muchas de las víctimas y los acusados, y el consiguiente riesgo de privar a las personas de su derecho a un recurso efectivo.
Instamos a las autoridades a garantizar la independencia judicial y la protección contra intimidaciones e interferencias de carácter político de todas las personas involucradas en estos casos, que son una parte crucial del proceso de la justicia de transición en Guatemala.
*Portavoz: Liz Throssell