GINEBRA (6 de marzo de 2019) – La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó el miércoles su preocupación acerca de la posibilidad de que el Congreso de Guatemala apruebe una enmienda a la Ley sobre Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo que limitaría considerablemente la labor de los defensores de derechos humanos y de la sociedad civil en general.
El proyecto de enmienda, cuya discusión en tercer debate está prevista para hoy, introduce requisitos y controles administrativos aplicables a ONG nacionales e internacionales, que en la práctica podrían usarse de manera discrecional o arbitraria para limitar la labor de las entidades de la sociedad civil.
“Lamento que el Congreso haya seguido adelante con el procedimiento de aprobación de esta enmienda, a pesar de las incongruencias que presenta con respecto a la normativa internacional de derechos humanos, del apoyo ofrecido por mi Oficina y de las graves preocupaciones que han manifestado numerosos expertos independientes de las Naciones Unidas y de la sociedad civil”, declaró la Alta Comisionada.
La iniciativa de ley establece una definición muy estricta de las ONG, y limita su alcance de una manera que podría menoscabar los derechos a la libertad de reunión, asociación y expresión.
A fin de obtener autorización para su funcionamiento, las ONG tendrían que pasar por un complejo procedimiento de inscripción ante diversas instituciones estatales, pero en la iniciativa de ley no se especifican los criterios para conceder, rechazar o revocar dichos permisos.
Además de las limitaciones impuestas a la financiación procedente del exterior, si la reforma se aprueba, todas las ONG inscritas en Guatemala o que operan en el país estarían obligadas a actualizar su información y a cumplir con todos los nuevos requisitos en un plazo máximo de seis meses. Transcurrido este periodo, las que no hubieran cumplido los requisitos causarían baja automática en el registro y tendrían que cesar sus operaciones.
Según la iniciativa de ley, las ONG no podrían realizar actividades susceptibles de “alterar el orden público” y, si lo hacen, podrían ser clausuradas y sus directores podrían incluso ser imputados, abriendo el camino hacia la criminalización de activistas de derechos humanos. En el anteproyecto de ley no se define el término “orden público”.
“Las restricciones que estas reformas entrañan contravienen la obligación del Estado de proteger y garantizar el espacio democrático para la sociedad civil, un pilar esencial para la promoción de los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho”, afirmó Bachelet.
“Recuerdo a las autoridades e instituciones guatemaltecas que la sociedad civil es un elemento esencial para la protección y promoción de los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho. Es preciso que los Estados creen y mantengan un contexto seguro y propicio para que las ONG puedan expresar libremente sus opiniones y realizar su trabajo en beneficio de la sociedad en su conjunto”, dijo Bachelet.
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