Hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es un día propicio para reflexionar sobre los retos, los avances y el trabajo pendiente para asegurar la participación igualitaria de las mujeres en todos los ámbitos.
De esta forma se cumplirá el principio de igualdad de todas las personas establecido en el artículo 4 de la Constitución, el cual enfatiza que «el hombre y la mujer […] tienen iguales oportunidades y responsabilidades».
Los desafíos para lograr la igualdad plena y efectiva de los derechos de las mujeres son variados y fundamentalmente estructurales. Entre ellos figuran la persistente desigualdad económica y social, la pobreza y la exclusión que enfrentan las mujeres, particularmente las indígenas. El alto porcentaje de femicidios y de otros actos de violencia contra las mujeres y la alta tasa de impunidad de estos son causa de gran preocupación. La pandemia de covid-19 ha revelado las condiciones de riesgo a las que siguen expuestas las mujeres, así como la necesidad de continuar fortaleciendo el sistema de justicia para asegurar una adecuada atención y una pronta respuesta a estos casos.
Guatemala cuenta con leyes importantes y con políticas públicas para la promoción de los derechos humanos de las mujeres, así como con un sistema de justicia especializado y con instituciones específicas. Sin lugar a dudas, la correcta implementación de la legislación y de las políticas y unas instituciones fuertes y dotadas de recursos adecuados son fundamentales para evitar retrocesos en el camino hacia la igualdad. También he observado que Guatemala alberga sólidas organizaciones de mujeres, con larga trayectoria en la defensa y la promoción de los derechos humanos de ellas, lo que constituye una contribución imprescindible al país.
Observar y seguir la situación de los derechos humanos, generar información y espacios para visibilizar a las mujeres y darles voz, trabajar con hombres para promover el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y brindarles asesoría técnica a las instituciones públicas, incluido el sistema de justicia, son algunas de las actividades que realiza mi oficina para contribuir a la defensa y a la promoción de los derechos de las mujeres. Además, coordinamos algunos proyectos con colectivos de mujeres específicos como comadronas, tejedoras mayas y sobrevivientes del hogar seguro Virgen de la Asunción (HSVA). Hoy es también el Día Nacional de las Víctimas de la Tragedia Ocurrida en el HSVA, que nos apela a no olvidar lo sucedido y a garantizar medidas de no repetición para que algo así nunca más vuelva a suceder.
En la causa común de avanzar los derechos de las mujeres y de contribuir al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible (entre ellos la igualdad de género) se encuentra también el sistema de Naciones Unidas, que trabaja por fortalecer el enfoque de derechos humanos y de género proporcionando capacitación, asesoría técnica y apoyo requeridos por las distintas instituciones estatales y por la sociedad civil.
Quiero recordar que la defensa y la promoción de los derechos de las mujeres y de las niñas son principios fundamentales de las Naciones Unidas y del derecho internacional de los derechos humanos. La Carta de las Naciones Unidas, además de consagrar la igualdad, establece que la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las mujeres es responsabilidad de los Estados. El tratado internacional que provee el marco jurídico para ponerle fin a la discriminación de mujeres y de niñas es la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, ratificada por Guatemala en 1982, cuando se convirtió en un instrumento jurídicamente vinculante.
En definitiva, garantizar los derechos humanos de las mujeres y promover su participación y liderazgo incluso en la formulación de políticas no solo es imprescindible en la recuperación de las consecuencias de la pandemia, sino también en la construcción de una Guatemala cada vez más próspera e igualitaria.
