GINEBRA (1 de julio de 2021) – Estados están aplicando cada vez más medidas para impedir el acceso a la justicia de manifestantes, en medio de un endurecimiento de las restricciones a la sociedad civil, dijo hoy al Consejo de Derechos Humanos el Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación.
“He observado un aumento en las barreras que ponen los gobiernos para impedir que sus poblaciones accedan a la justicia, especialmente durante los movimientos de protesta”, dijo Clément Voule. “La obstaculización del acceso a la justicia tiene un efecto paralizante para el ejercicio de sus derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, y contribuye al cierre del espacio cívico”.
En su informe al Consejo, Voule dijo que el acceso a la justicia, los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, y el fortalecimiento del espacio cívico estaban estrechamente relacionados.
“Es de suma importancia garantizar este derecho en el contexto de las protestas pacíficas en las que hay cientos o miles de heridos como resultado del uso de la fuerza”, dijo.
“Todas las personas detenidas durante protestas pacíficas deben tener acceso inmediato y adecuado a la representación legal sin discriminación, y es necesario que existan salvaguardias adecuadas para evitar la interferencia y la vigilancia de este asesoramiento legal”.
El Relator Especial observó una tendencia preocupante durante el año 2020, en el que el 43.4% de la población mundial vivía en países que pueden calificarse como con un espacio cívico reprimido. En muchos contextos, las restricciones impuestas con el inicio de la pandemia por COVID-19 supuestamente iban más allá de la legítima protección de la salud pública, eludiendo a menudo el acceso a la justicia.
“Cuando el acceso a la justicia no está garantizado o está obstruido, los individuos no sólo se abstendrán de buscar remedio a través de las instituciones formales o informales de justicia, sino que a menudo también se abstendrán de ejercer sus derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación en primer lugar”, dijo.
Voule hizo hincapié en el importante y decisivo papel que desempeñan abogadas, abogados y profesionales del derecho a la hora de ayudar a las víctimas a acceder a la justicia en un informe complementario.
“Las y los abogados son un salvavidas para los manifestantes detenidos y, por tanto, desempeñan un papel fundamental para garantizar que estos no sufran abusos durante la detención. Además, la presencia de abogados como observadores durante las protestas puede tener un efecto disuasorio y evitar que las fuerzas de seguridad hagan un uso excesivo de la fuerza”, dijo el experto.
Voule también expresó su preocupación por los crecientes y prolongados cortes de Internet en todo el mundo en otro informe complementario. Desde 2016 hasta mayo de 2021, se documentaron un total de 187 cortes periódicos de Internet relacionados con protestas pacíficas y 55 cierres en el contexto de las elecciones.
“Los cortes periódicos de Internet son siempre una respuesta desproporcionada, independientemente de la magnitud de la inestabilidad política o del tamaño de las protestas”, dijo. “Estos violan el derecho de los manifestantes a recibir y compartir información y tienen efectos perjudiciales para una amplia gama de derechos humanos”.
FIN
* El experto: Sr. Clément Nyaletsossi Voule, Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación. Clément Nyaletsossi VOULE ha sido Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación desde abril 2018. El Sr. Voule ha trabajado incansablemente como un promotor de los derechos humanos y defensor en su país natal, Togo, y a lo largo de África. Posee un título en Derechos Fundamentales de la la Universidad de Nantes en Francia, y un diploma de Maestría en Derecho Internacional en Conflictos Armados del Graduate Institute of International and Development Studies de la Universidad de Ginebra en Suiza.
Relatores Especiales forman parte de los ‘Procedimientos Especiales’ del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y monitoreo establecidos por el Consejo para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual.
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