Garantizar procesos transparentes y objetivos permitirá crear la confianza necesaria en la población.
Los procesos de elección de autoridades del sistema de justicia como el de Fiscal General son determinantes para el acceso a la justicia de todas las personas y la protección de los derechos humanos. Por esta razón, los estándares internacionales de derechos humanos han establecido orientaciones para garantizar el nombramiento de personas íntegras e idóneas que tengan la formación y aptitudes necesarias para el ejercicio de las funciones correspondientes a este tipo de cargos. Guatemala se enfrentará, durante estas próximas semanas, a un proceso que determinará el futuro de la justicia penal no solo para los próximos cuatro años, sino también a largo plazo.
En este sentido, para hacer realidad los principios de publicidad, transparencia y objetividad en los procesos de elección, es fundamental el establecimiento claro y oportuno de los requisitos del perfil que necesita el cargo y los parámetros de evaluación sobre las trayectorias y aptitudes de quienes se postulan. De esta forma, las y los candidatos tienen la invaluable oportunidad de dar a conocer de manera integral su experiencia, planes y proyectos para el cargo a ocupar, y facilitar la evaluación de los méritos profesionales y éticos de manera objetiva. Por ejemplo, además de la información requerida por la ley, sería una buena práctica compartir información sobre la calidad del ejercicio de su profesión, atendiendo a los cargos que ha ostentado en el pasado, como funcionario de justicia o como abogado/a litigante, sus logros y desempeño, sus fuentes de ingresos y, en general, su respeto y compromiso con la construcción del Estado de derecho y el cumplimiento de los derechos humanos en el país. La aplicación de estos principios y buenas prácticas en los procesos de elección permitirá crear la confianza necesaria en la población sobre la idoneidad de la persona elegida y su capacidad para llevar a cabo su función de manera independiente.
En experiencias pasadas se han realizado avances para cumplir con la transparencia y publicidad del proceso, abriendo incluso espacios de participación a la sociedad civil durante las audiencias públicas. Sin embargo, se puede ir más allá al permitir un amplio trabajo de auditoría social con la difusión de la más alta calidad de información sobre las y los candidatos a través de diferentes mecanismos como la solicitud de información, las entrevistas públicas y los exámenes técnicos.
En estos procesos es fundamental que la sociedad pueda conocer la idoneidad, capacidad y honorabilidad de las y los candidatos de forma integral, así como las razones que motiven la elección final. El Estado de derecho se fortalece con la garantía de procesos transparentes y objetivos en los que se demuestra que la persona finalmente seleccionada para el cargo cumple con los más altos estándares éticos y profesionales. Ver más en https://bit.ly/EstandaresEleccionFG.
