por: Mika Kanervavuori
El cumplimiento riguroso de garantías en el proceso contribuirá a asegurar la independencia, confianza y eficacia de la institución.
Este año corresponde elegir a la persona que desempeñará el cargo de Procuradora o Procurador de los Derechos Humanos (PDH) de 2022 a 2027.
¿Por qué este proceso de elección es tan importante para la población en general? ¿Qué papel tiene la persona a cargo de la Procuraduría de los Derechos Humanos en el fortalecimiento del Estado de derecho?
Para dar respuesta, es importante revisar los estándares internacionales de derechos humanos.
Los Principios de las Naciones Unidas relativos al estatuto de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, conocidos como “Principios de París”, establecen que la institución del Procurador o Procuradora de Derechos Humanos tiene dos responsabilidades principales: la promoción y la protección de los derechos humanos de todas las personas. Esto implica realizar una labor de educación y difusión para que los derechos humanos se conozcan y, además, señalar a la atención del Gobierno las situaciones de violación de derechos humanos, investigar y tramitar denuncias presentadas por la población, y llamar a las autoridades competentes a adoptar las medidas necesarias para poner término a esas violaciones.
La realización de estas funciones de manera independiente por la institución de PDH es clave en el fortalecimiento del Estado de derecho, al constituirse como un “puente” entre otras autoridades del Estado y todas las personas, incluidas aquellas en condiciones de vulnerabilidad, para que su “voz se escuche” en el respeto y garantía de sus derechos humanos.
Los estándares internacionales establecen expresamente que en la selección de PDH se debe garantizar un procedimiento claro, transparente, con amplia participación y basado en méritos. Órganos internacionales de protección de derechos humanos han recomendado a Guatemala que, en cumplimento de estas garantías, este procedimiento incluya entre otros aspectos: amplia difusión de la convocatoria, participación social en todo el proceso, y que la evaluación de candidatas y candidatos esté basada en criterios predeterminados, objetivos y accesibles al público, para asegurar la selección basada en méritos. Esto último requiere de la elaboración de instrumentos (por ejemplo, tabla de gradación, guía de entrevista) que respalde la observancia de este criterio.
El cumplimiento riguroso de estas garantías es fundamental para impedir toda interferencia indebida en el proceso de selección, y en consecuencia asegurar la independencia y eficacia de la institución de PDH, así como la confianza pública en ella para los próximos cinco años.
La Comisión de Derechos Humanos del Congreso tiene una oportunidad única para cumplir con estas garantías y proponer al Pleno una terna de personas candidatas que reúnan los méritos de idoneidad, capacidad y honradez. Con ello, el Congreso podrá mostrar a la población su voluntad de contribuir en el mantenimiento de las instituciones democráticas del país, conforme a las obligaciones internacionales de derechos humanos.
Publicada originalmente en El Periódico el 18 de marzo de 2022.