Al escuchar las demandas legítimas de quienes manifiestan, se pueden adoptar políticas más receptivas y justas.
por: Mika Kanervavuori
“En lugar de ver la manifestación pacífica como un medio democrático de participación, con demasiada frecuencia los gobiernos recurren a la represión para suprimir las manifestaciones y silenciar las voces de las personas”. Así lo expresó el Relator Especial de la ONU sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y asociación, Clement Voule, en su reciente informe temático: Protección de los derechos humanos en el contexto de las manifestaciones pacíficas durante situaciones de crisis.
En el contexto de Guatemala, en 2021 OACNUDH monitoreó y documentó 113 manifestaciones en la ciudad capital y los departamentos. A pesar del carácter pacífico de la mayoría, mi Oficina observó una respuesta diferente en algunos casos, por ejemplo, en las manifestaciones en El Estor y Cuyotenango, en donde se documentó el uso excesivo de la fuerza. Además, observamos un aumento de denuncias y consiguientes procesos penales contra organizadores y algunos/as participantes en manifestaciones. Estas acciones disuaden claramente a las personas de participar en manifestaciones y, por lo tanto, limitan de facto el derecho de reunión pacífica y el derecho a asociarse libremente con otras. Sin embargo, hay situaciones donde el Estado puede restringir estos derechos, pero solo con base en los principios de legalidad, proporcionalidad y necesidad, y en momentos excepcionales en una sociedad democrática.
Los derechos de reunión pacífica y asociación están estrechamente relacionados con el derecho a la libertad de expresión. Por eso también es importante observar las acciones y ataques contra periodistas, especialmente mujeres periodistas, jóvenes, estudiantes, particularmente mujeres jóvenes/estudiantes, y personas defensoras de derechos humanos que parecen ser represalias por haber ejercido su derecho a la libertad de opinión y de expresión, o por participar en reuniones y manifestaciones pacíficas. Este vínculo se nota sobre todo en manifestaciones pacíficas con las que se pretende expresar desacuerdo con alguna política o decisión en el país.
En los últimos meses hemos visto varias manifestaciones en las que participa la juventud. Para muchos estudiantes estas manifestaciones son las primeras acciones a través de las cuales expresan sus opiniones ante la sociedad y en relación con asuntos públicos. Esta participación tiene un valor educativo para la futura ciudadanía y, por ende, la creación de un entorno favorable para la expresión de opiniones de las y los estudiantes es una inversión social dentro de una democracia.
En su informe, el Relator Voule recomendó a los Estados interactuar con las personas manifestantes, escuchar sus preocupaciones y abordar las causas profundas de las crisis; mi Oficina considera relevante este llamado y expresa su disposición para contribuir en este ámbito. Al crear un entorno propicio para las manifestaciones pacíficas y escuchar las demandas legítimas de quienes manifiestan, pueden adoptarse políticas más receptivas y justas, alcanzando soluciones inclusivas, participativas y pacíficas, como señaló el Relator.
Columna publicada en El Periódico.