Expertas y expertos de la ONU y de la región instan a los Estados a dejar de criminalizar a la sociedad civil y las protestas

19 de septiembre de 2025

GINEBRA – Un grupo de expertos y expertas de la ONU y la región en derechos humanos* instó hoy a los Estados a poner fin a la criminalización represiva y punitiva de quienes intentan ejercer sus derechos y libertades, en medio de la creciente amenaza existencial a los valores que sustentan estos derechos. Emitieron una declaración conjunta (en inglés y español) y el siguiente mensaje:

“Los Estados deben reafirmar su compromiso de proteger los derechos a la libertad de reunión y asociación. Estos son esenciales para posibilitar la acción colectiva, la participación, la solidaridad y el diálogo, que son fundamentales para garantizar una democracia resiliente e inclusiva, y para hacer realidad la aspiración de la Carta de las Naciones Unidas de preservar la paz y los derechos humanos para todas las personas.

Condenamos enérgicamente la estigmatización generalizada de quienes ejercen legítimamente sus derechos y libertades como “enemigos”, “traidores”, “espías”, “terroristas”, “criminales” o similares.

Expresamos nuestra alarma por el hecho de que, como resultado de su activismo no violento y sus expresiones protegidas, miles de personas defensoras y activistas de los derechos humanos han sido y siguen siendo detenidas y encarceladas arbitrariamente, condenadas a penas criminales prolongadas y severas sin las garantías procesales adecuadas ni un juicio justo, y muchas son deportadas o amenazadas con la deportación, obligadas al exilio, sometidas a sanciones económicas ilegales y a la represión transnacional, mientras que numerosas asociaciones han sido disueltas ilegalmente y privadas de financiación.

La criminalización también desencadena el uso ilegal de la fuerza. Muchas personas jóvenes, que hoy están al frente de la defensa de los derechos exigiendo justicia climática y el fin del genocidio, están siendo asesinadas y cientos de ellas son criminalizadas por protestar pacíficamente.

La criminalización forma parte de una práctica autoritaria cada vez más extendida, incluso en regímenes democráticos, donde los gobiernos tratan de controlar y manipular el debate y los espacios públicos para promover sus agendas políticas y otros intereses creados, mediante la exclusión y el silenciamiento de las voces disidentes e independientes. La criminalización se ve reforzada y exacerbada por la creciente estigmatización de la participación ciudadana y la sociedad civil, la creciente militarización y securitización que socava las libertades fundamentales, y la estigmatización de quienes reciben ayuda extranjera, así como por el uso arbitrario e ilegal de la tecnología de vigilancia, potenciada con capacidades de reconocimiento facial e inteligencia artificial.

Instamos a los Estados a que se abstengan de tratar las protestas pacíficas y a la sociedad civil que busca participar en debates y procesos democráticos y en la protección de los derechos —incluso mediante la desobediencia civil no violenta— como una amenaza, enemigos o delincuentes; y a que garanticen que los derechos de todas las personas a la reunión y asociación pacíficas se protejan y faciliten de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos.

*Expertas y expertos: Sra. Gina Romero, Relatora Especial sobre el derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas; Hon. Rémy Ngoy Lumbu, Relator Especial sobre los defensores de los derechos humanos y coordinador sobre represalias en África de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP); Sr. Pedro Vaca, Relator Especial sobre la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); Sra. Roberta Clarke, Comisionada Relatora para las personas defensoras de los derechos humanos de la CIDH.

*Traducción no oficial de la versión en inglés