Presentación del Informe Anual del Alto Comisionado sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala durante 2025
Palabras de Ilze Brands Kehris, Subsecretaria General de la ONU para Derechos Humanos, ante el Consejo de Derechos Humanos, 27 de febrero de 2026 *
Reconocemos el compromiso constante del Gobierno con el respeto y la protección de los derechos humanos y el Estado de derecho. Mantuvo un diálogo de alto nivel con las autoridades indígenas y concluyó nuevos acuerdos territoriales con los pueblos indígenas. Además, estableció una Comisión Presidencial encargada de resolver las disputas territoriales y prevenir los desalojos forzosos.
Celebramos especialmente la adopción de una Política pública para la protección de personas defensoras de derechos humanos, que proporciona un marco concreto para garantizar que puedan llevar a cabo su crucial labor con seguridad. Las autoridades también están desarrollando planes nacionales para el reconocimiento y la reparación de las víctimas del conflicto armado interno, y para impulsar la búsqueda de personas desaparecidas. La adopción de una Política Nacional de Juventud contribuirá a salvaguardar los derechos de las personas jóvenes y a garantizar su inclusión en los esfuerzos por construir comunidades pacíficas y justas.
Celebramos la disposición del Gobierno para colaborar de forma constructiva con nuestra Oficina, los Procedimientos Especiales y los Órganos de Tratados.
Sin embargo, continúan preocupando las continuas violaciones de los derechos de las mujeres y los pueblos indígenas, así como los persistentes desafíos para la defensa de los derechos humanos. Documentamos cerca de 1.500 ataques contra personas defensoras de derechos humanos, periodistas y personas operadoras de justicia, incluyendo criminalización, intimidación y amenazas. Resulta especialmente preocupante que algunos de estos ataques hayan sido presuntamente perpetrados por agentes estatales.
El Ministerio Público y algunos sectores del poder judicial han seguido instrumentalizando el derecho penal contra defensoras y defensores de derechos humanos, exoperadores/as de justicia y representantes de la sociedad civil.
En este contexto, también tomamos nota de los procesos de selección en curso para magistratura de la Corte de Constitucionalidad y el Tribunal Supremo Electoral, así como para Fiscal General y Jefe del Ministerio Público. Estos procesos representan una oportunidad vital para fortalecer el Estado de derecho y mejorar la integridad institucional. Es fundamental que se lleven a cabo de conformidad con los estándares internacionales, garantizando la transparencia y la objetividad, y permitiendo la elección de candidatos/as que demuestren integridad, competencia e independencia.
La situación de los pueblos indígenas sigue siendo preocupante. Siguen enfrentándose a discriminación y obstáculos para acceder a la justicia, incluyendo aquellos relacionados con el idioma y el aislamiento geográfico. Líderes indígenas que participaron en manifestaciones pacíficas por la democracia y el Estado de derecho en 2023 siguen siendo criminalizados simplemente por ejercer sus derechos.
La violencia de género sigue siendo generalizada. Solo el año pasado, las autoridades registraron unos 26.300 casos de violencia contra las mujeres, incluyendo más de 9.300 casos de violencia sexual y más de 600 posibles feminicidios. Veintinueve muertes violentas estuvieron presuntamente vinculadas a la orientación sexual y la identidad de género. También hemos documentado desalojos forzosos ilegales, algunos de los cuales se implementaron con violencia.
Nuestra Oficina valora su continuo trabajo con diversas instituciones estatales, autoridades indígenas y la sociedad civil del país, y reitera su compromiso de apoyarlas en su labor de promoción y protección de los derechos de todas y todos los guatemaltecos.
* Traducción no oficial del discurso original en inglés: https://www.ohchr.org/en/statements-and-speeches/2026/02/assistant-secretary-general-brands-kehris-updates-human-rights