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Opinión: El derecho de todas las personas a un tribunal independiente e imparcial

Instituciones públicas y de justicia independientes son claves para un Estado de derecho.

Por Mika Kanervavuori, Representante de OACNUDH

En diferentes foros jurídicos, académicos, sociales y de la coyuntura del país, escuchamos constantemente la referencia al tema de “independencia judicial”; pero, ¿qué significa este concepto desde la perspectiva de derechos humanos?

 Contar con instituciones públicas independientes forma parte de la columna vertebral del Estado de derecho. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ambos ratificados por Guatemala, reconocen que acceder a tribunales independientes e imparciales es un derecho de todas las personas. En este sentido, la independencia judicial es fundamental para la protección y garantía de otros derechos, por ejemplo a un juicio justo, a la salud, alimentación, a una vida libre de violencia, al acceso a un trabajo decente y a todo lo necesario para una vida digna.

Los estándares internacionales de derechos humanos desarrollan aspectos básicos que el Estado debe garantizar para hacer efectiva la independencia judicial, incluyendo los procedimientos para la elección y nombramiento de juezas/ces y magistradas/os. Asimismo, definen garantías para que sus decisiones sean tomadas libres de influencias, presiones o amenazas, basándose en la ley de manera ecuánime e imparcial.

Conforme a dichos estándares, la elección debe realizarse con base en los méritos de las candidatas/os, y los criterios de capacidad, idoneidad y probidad. Además, señalan que el proceso de elección debe estar basado en procedimientos claros, objetivos y transparentes, que permitan el escrutinio público y la auditoría social.

La participación ciudadana de manera amplia e inclusiva, así como de los medios de comunicación, es fundamental para reducir la discrecionalidad en el proceso. Por otra parte, es crucial que profesionales con los méritos necesarios y provenientes de sectores representativos de la población guatemalteca puedan postularse, en igualdad de oportunidades.

 

El cumplimiento de estos criterios y principios en la elección asegurará que quienes sean electos cuenten con la legitimidad necesaria para el ejercicio de su función. En definitiva, juezas/ces y magistradas/os que realizan su función de manera independiente e imparcial, son actores clave en el fortalecimiento del Estado de derecho y por lo tanto se constituyen en defensoras y defensores de derechos humanos.

Los procesos actuales de elección de magistradas y magistrados de la Corte de Constitucionalidad, así como de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones, representan una oportunidad única para el futuro del país. Solo una justicia independiente e imparcial redundará en el bienestar y desarrollo inclusivo, así como en la confianza de la población en las instituciones en el marco de una sociedad democrática.

Publicado originalmente en El Periódico.

 

 

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