Sociedades deben rechazar colectivamente la violencia religiosa - expertos

Día Internacional en Conmemoración de las 

Víctimas de Actos de Violencia Basados en la Religión o las Creencias 

22 de agosto

 

GINEBRA (20 de agosto de 2021) - Con motivo del Día Internacional en Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia Basados en la Religión o las Creencias, expertas y expertos de la ONU* piden a las sociedades que rechacen colectivamente el odio y la exclusión, y que pongan fin a la impunidad de los actos violentos impulsados por la religión o las creencias. Las expertas y los expertos emiten la siguiente declaración:

“Desde la adopción de la resolución 73/296 de la Asamblea General de la ONU en 2019, que designa el 22 de agosto como el Día Internacional en Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia Basados en la Religión o las Creencias, el mundo se ha enfrentado a una alarmante escalada de odio, tanto en línea como fuera de ella, dirigida a minorías religiosas o minorías relacionadas con creencias, así como a personas lesbianas, gais, transexuales e intersexuales.

 

Las mujeres y las niñas se ven afectadas de manera desproporcionada y de formas muy específicas, a menudo son sexualizadas, con graves implicaciones para su salud física y mental, sus medios de vida, su participación en la vida pública, su seguridad y su supervivencia. Los actos de violencia selectivos han generado un entorno de miedo generalizado para muchas mujeres y niñas de todo el mundo. Estas tendencias se han visto exacerbadas por una pandemia sin precedentes, la regresión del respeto por el Estado de Derecho y los derechos humanos, y los efectos devastadores de los desastres naturales que continúan poniendo a prueba la capacidad de la comunidad internacional para fomentar la solidaridad y fortalecer el compromiso de todos los Estados para defender los derechos humanos de todas las personas.

 

En estos tiempos desafiantes para la humanidad, estamos profundamente preocupados por la instrumentalización persistente de las ideologías y creencias religiosas como un medio para perpetuar y exacerbar la discriminación, la exclusión y la violencia, así como por la propagación de discursos incendiarios y estigmatizadores que tienen como blanco y chivo expiatorio a los segmentos más vulnerables de la sociedad, incluidos miembros de minorías religiosas y minorías relacionadas con creencias, personas no religiosas, migrantes, personas refugiadas y solicitantes de asilo, personas LGBTI, y quienes puedan defender los derechos de estas personas y grupos.

 

Hemos monitoreando, informando y alertando regularmente a los Estados interesados y a la comunidad internacional sobre la variedad de violaciones de derechos humanos perpetradas en nombre de la religión o las creencias, así como sobre las prácticas que discriminan la libertad de religión o creencias, y hemos pedido compromiso genuino para abordarlos a través de iniciativas legislativas, institucionales y de políticas integrales que fomenten la inclusión y construyan resiliencia contra la violencia y los abusos.

 

Es impactante que incluso hoy, en muchas partes del mundo, los derechos de las personas a adoptar libremente y practicar pacíficamente su religión o creencias sigan enmarcándose como amenazas a la seguridad nacional. Las leyes contra la blasfemia se utilizan para reprimir la disidencia; y leyes, políticas y discursos racistas, misóginos y homofóbicos están siendo utilizados para estigmatizar y deshumanizar a individuos y grupos. Estas prácticas posibilitan y legitiman atroces abusos y crímenes cometidos por actores estatales y no estatales, como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y violencia sexual y de género, así como detenciones arbitrarias y discriminación en la educación, el empleo y la participación en la vida pública y cultural.

 

Las ideologías y creencias religiosas o de otro tipo nunca pueden evocarse para justificar ataques contra la vida, la dignidad y los derechos humanos, y en ningún caso deben utilizarse para reprimir opiniones y puntos de vista críticos y disidentes, y socavar el Estado de derecho, la paz y los principios democráticos, como ha sido reiterado por los expertos en declaraciones anteriores, incluida la más reciente sobre la crítica situación en Afganistán.

 

En conjunto, Estados y comunidad internacional, deben tomar todas las medidas apropiadas para asegurar la promoción de sociedades pacíficas, justas e inclusivas, de conformidad con los compromisos globales bajo la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, para abordar de manera efectiva la impunidad y desarrollar e implementar mecanismos para la rectificación, apoyo y rehabilitación por atrocidades pasadas y presentes, de conformidad con el derecho internacional.

 

Un compromiso significativo de toda la sociedad y el papel y la responsabilidad de los actores religiosos y de creencias y los líderes políticos en la lucha contra el discurso de odio y la incitación al odio constituyen elementos importantes en este esfuerzo.

 

Deseamos recordar la resolución 75/309 de la Asamblea General de la ONU emitida el 21 de julio de 2021, instando a los Estados a contrarrestar la defensa del odio y la discriminación y a promover la reconciliación, la paz duradera y el desarrollo sostenible, incluso a través de iniciativas de diálogo interreligioso e intercultural, inclusión y respeto por los derechos humanos. También recordamos el Plan de acción de la ONU para salvaguardar los lugares religiosos, así como la Estrategia y el Plan de acción de la ONU sobre el discurso de odio, ambos lanzados por el Secretario General de la ONU en 2019.

 

En este importante día, y en el año en el que se celebra el 40 aniversario de la Declaración de la ONU de 1981 sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación basadas en la religión o las creencias, honramos y recordamos a quienes han perdido la vida, quienes han sido expuestos al sufrimiento y la indignidad por simplemente ejercer sus derechos a mantener, observar y manifestar sus derechos culturales y religiosos, y a quienes se esfuerzan por defender estos derechos. Instamos a los Estados y las personas de todo el mundo a unir fuerzas en la lucha contra el odio y la violencia y en la creación de entornos propicios para el pleno goce de todos los derechos humanos sin discriminación por ningún motivo”.

 

FIN

(*) Las y los expertos: Ahmed Shaheed, Special Rapporteur on freedom of religion or belief; Fionnuala Ní Aoláin, Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism;   Fernand de VarennesSpecial Rapporteur on minority issues; Morris Tidball-BinzSpecial Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions; Elina Steinerte (Chair-Rapporteur), Miriam Estrada-Castillo (Vice-chairperson), Leigh Toomey, Mumba Malila, Priya Gopalan, Working Group on arbitrary detention; Reem AlsalemSpecial Rapporteur on violence against women, its causes and consequencesMelissa Upreti (Chair), Dorothy Estrada-Tanck (Vice Chair), Elizabeth Broderick, Ivana Radačić, and Meskerem Geset Techane, Working Group on discrimination against women and girls; Victor Madrigal-BorlozIndependent Expert on protection against violence and discrimination based on sexual orientation and gender identity; Irene KhanSpecial Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression; Karima Bennoune, Special Rapporteur in the field of cultural rightsNils Melzer, Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment; E. Tendayi Achiume, Special Rapporteur on contemporary forms of racism, racial discrimination, xenophobia and related intoleranceTae-Ung Baik (Chair-Rapporteur), Henrikas Mickevičius (Vice-Chairperson), Aua Balde, Gabriella Citroni and Luciano A. Hazan, Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances

Los Relatores Especiales forman parte de los ‘Procedimientos Especiales’ del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y monitoreo establecidos por el Consejo para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual.

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